Seguro que muchos guardias civiles, policías y profesionales de la seguridad privada han vivido la experiencia de tener que intervenir en lugares de ocio nocturno o con personas con trastornos psiquiátricos que no han tomado sus medicamentos y/o ha sido mezclados con otras sustancias tóxicas.  Los agentes han tenido que encarar situaciones donde han tenido que reducir e inmovilizar a sujetos que exteriorizaban una conducta agresiva, alterando gravemente la seguridad ciudadana y presentando conjuntamente aparente estado de extrema excitación e hiperactividad psicomotriz, por lo que resultaba necesario tener que intervenir, utilizar la fuerza y practicar la detención.

El agente no lo sabía, pero ha sido posible que se encontrara ante una situación de “Síndrome de delirio agitado”. La principal repercusión del problema se origina cuando se produce el fallecimiento de los sujetos durante o tras haber sido sometidos a detención policial mediante el uso de la fuerza. Este tipo de sucesos suelen tener una gran carga de sensacionalismo por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública que dan lugar a procesos judiciales complicados, mediáticos y con sentencias judiciales condenatorias para los agentes intervinientes. Ejemplos: “Caso Roquetas”, “Caso del Raval”, etc.

A través del termino “Delirium Agitado” se conoce al fenómeno que se manifiesta como una combinación de delirio, agitación psicomotriz, ansiedad, alucinaciones, trastornos del habla, desorientación, violenta y comportamiento extraño, insensibilidad al dolor, temperatura corporal elevada, y una fuerza sobrehumana.

La gran mayoría de los casos se inician por una alteración grave del orden público o de la seguridad ciudadana, que obliga a los agentes policiales a su intervención, y en la mayor parte de los casos concluyen de manera satisfactoria, es decir, se logra el fin perseguido y su traslado a centro sanitario, donde recibe la adecuada asistencia. El problema se produce en un porcentaje no determinado de ellos, que culmina con la muerte del sujeto sin que existan hallazgos objetivos postmortem que determinen una etiología definida, por lo que se inscriben como muertes sujetas a autopsia judicial. En estos casos, puesto que ha existido una acción directa de uso de la fuerza o la detención por parte de los agentes policiales, la dinámica de su actuación se convierte en verdadero elemento decisorio de cara a su responsabilidad en un ulterior proceso judicial. Es indudable que este fenómeno representa una de las actuaciones más complicadas a las que han de enfrentarse los miembros de las F.C.S., y con las repercusiones jurídico-profesionales que van a acarrear para los agentes intervinientes el fatal e imprevisible desenlace. En estos casos la actuación siempre se pone en entredicho y resulta preciso un plus de justificación, tanto de la dinámica de la actuación profesional como de la determinación, lo más exacta posible, de la etiología del fallecimiento.

El principal problema es el desconocimiento generalizado sobre este fenómeno, tanto a nivel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como de sanitarios e incluso médicos forenses, a lo que hay que añadir su escasa investigación científica. Una de las necesidades que surge en esta materia es la de armonizar procedimientos, técnicas y protocolos con el estricto cumplimiento de la Ley. De aquí la necesidad de realizar un afrontamiento del S.D.A., para encarar y dar resolución a tres puntos principales:

– La comprensión e identificación del problema.

– La utilización de una estrategia de resolución o intervención.

– El logro del mejoramiento o la solución a la complicación.

Todo ello teniendo en cuenta la obligación que tienen los agentes de intervenir, con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Así como tener, además, la obligación de hacer la intervención bien y teniendo en cuenta que los objetivos profesionales de las F.C.S. están directa e intrínsecamente vinculados con el principio de legalidad, la protección de los ciudadanos y de los escenarios en los cuales se desenvuelve la vida en comunidad.

Es necesario resaltar que toda intervención con personas con la sintomatología descrita, deberá ser considerada como de “urgencia sanitaria” y solicitar los servicios médicos –claro, para ello es necesario que los agentes tengan información sobre esta casuística y problemática para poder clasificarla-. También priorizar los momentos iniciales de la intervención a través de técnicas de comunicación estratégica efectivas-Defensa Verbal & Persuasión– para reducir el estrés situacional. Una de las ventajas de la competencia de la comunicación es poder caracterizarse por ser un buen facilitador interpersonal, ya que pueden centrar intuitivamente su atención en las experiencias de los demás.

Pero si, debido a la gravedad de la situación, no es posible esperar la intervención sanitaria y resulta necesaria una acción inminente y directa, se atenderá a la concurrencia de las posibilidades operativas y tácticas. La intervención siempre deberá ser bajo los principios de Oportunidad, Congruencia y Proporcionalidad establecidos en nuestro Ordenamiento Jurídico, todo ello sustentado en la máxima de Menor Lesividad posible: equilibrio entre el bien jurídico a proteger y bien jurídico a dañar con la intervención (Art. 5 de la L.O. 2/82 de F.C.S.)

“…es necesario que los agentes tengan información sobre esta casuística y problemática para poder clasificarla.”

En cualquier caso debe evitarse, en la medida de lo posible, incrementar el estrés, la violencia situacional, así como la utilización de técnicas desproporcionadas y la inmovilización en posiciones o posturas que dificulten el flujo de oxígeno, resultando más idóneas las medidas de sujeción de los miembros superiores e inferiores sin acción directa sobre las articulaciones para evitar su luxación, hasta disponer de medios de contención adecuados (camilla en la que colocar al sujeto de cubito supino y contenciones mecánicas –homologadas- abdominales y de miembros superiores e inferiores alternos). Todo ello para reducir los casos letales en la inmovilización policial en situación prono con peso de los agentes encima del sujeto, aunque algunos estudios realizados con sujetos voluntarios, no dieron como resultado pruebas de la hipoxia o hipoventilación, ni compromiso respiratorio.

En fin, se trata de hacer posible que los profesionales tengan conocimiento del síndrome y práctica del protocolo de actuación a través de seminarios y cursos dirigidos a profesionales de la sanidad y la seguridad, así como aprender de la experiencia.

BIBLIOGRAFÍA y ENLACES DE INTERÉS SOBRE EL DELIRIO AGITADO

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Cazorla, F. M., Amaya, I. M. S., & García, M.  L. (2011). Agitación psicomotriz e implicaciones médico forenses. Cuadernos de Medicina Forense, 17(3), 111-117.

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Coque. A (2017) Intervención Operativa Policial/ Editorial EDAF / Deposito Legal; M-12.8877-2017 /

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Sevillano Arroyo, M. A. (2003). Abordaje al paciente agitado. Protocolo de enfermería para la contención mecánica.Psiquiatría.com, 7(3).

Ruiz. S., Osuna. E., Coque. A., (2016). La intervención policial con sujetos confuso-agitados. Cuadernos de la Guardia Civil, 52, 135-154.

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